Urdangarin, tras los pasos de Telma Ortiz

El duque de Palma, con la prepotencia que le ha caracterizado desde que se dio cuenta de que ser yerno real le daba derecho a dar pelotazos, enriquecerse de una manera desmedida y cometer desmanes que más tarde sirvieron para que el juez Castro le imputara, ha tomado una decisión de la que seguramente se arrepentirá: solicitar medidas cautelares contra siete empresas editoras para que los correos privados e íntimos que enviaba a su socio Diego Torres (también denunciado) no se hagan públicos. Esto ha tenido su efecto legal, pero sobre todo mediático. El ciudadano que no se había enterado del asunto ya, lo ha conocido gracias a esa petición.

Poco parecía importarle en aquel momento a Urdangarin que cualquiera de su círculo familiar accediera accidentalmente  a su ordenador cuando remitía mensajes personales denominándose “duque em-Palma-do” o enviaba fotos de chicas desnudas como si fuera un adolescente con las hormonas disparadas. Estas cosas de encontrarse con lo que no se quiere suceden mucho más a menudo de lo que parece.  

Ahora el duque se rasga las vestiduras porque algunas de las misivas que enviaba a su socio, amigo, confidente y compañero de tropelías pueden resultar dolosas para su matrimonio. Un contenido que ya se vislumbra en el último libro de Andrew Morton. Lo que no ha calculado Urdangarin es que en el futuro, y tras los recursos presentados por los medios ahora sometidos a las medidas cautelares, deberá acudir a las vistas orales como ya le sucedió a Telma Ortiz, hermana de la Princesa cuando, también con esa prepotencia que parece adornar a los colaterales, interpuso una demanda cósmica contra más de cuarenta medios y empresas periodísticas que perdió en todas las instancias.

Si Urdangarin quería proteger su matrimonio debería haberlo tenido en cuenta y no informar tan alegremente al amigo de sus historias no laborales. Y lo peor es que solicita amparo cuando públicamente aún no ha pedido perdón por el daño casi irreparable causado a la Institución. El artículo 20 de la Constitución consagra los derechos a la información y a la libertad de expresión, y señala expresamente en su apartado 2 que el ejercicio de ambos derechos "no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa".